Así surge de las ordenanzas fiscal e impositiva elevadas al Concejo Deliberante. Edil oficialista advirtió la posibilidad de que los colegios promuevan causas judiciales.
El gobierno municipal propuso cobrarles la tasa de Seguridad e Higiene, que pagan comercios e industrias, a los profesionales liberales, según está contemplado en las ordenanzas fiscal e impositiva elevadas al Concejo Deliberante.
El dato fue confirmado ayer a LA CAPITAL por la concejal del oficialista interbloque Cambiemos Angélica González (Coalición Cívica), quien el jueves, en la audiencia del presupuesto, pidió más precisiones sobre la iniciativa al secretario de Economía y Hacienda, Hernán Mourelle.
“Es un tema que va a traer bastantes problemas”, anticipó González. “El profesional independiente está regido por las normas de los colegios profesionales. Y, además, pagamos nuestros impuestos y nuestras matrículas”, agregó la concejal, que es psicóloga.
La medida afectaría por igual a “abogados, arquitectos, ingenieros, médicos, psicólogos, entre otros”, enumeró González. “Pregunté en la audiencia cómo va a encarar este tema la municipalidad, porque esto va a traer como consecuencia posibles juicios”, alertó.
La flamante edil del partido de Elisa Carrió recordó que en 1987 la Suprema Corte de la Provincia falló a favor de un profesional al que un municipio pretendía cobrarle Seguridad e Higiene.
Según González, Mourelle le explicó que el cobro está vinculado a un servicio que ya se presta. Pero la concejal mantuvo su inquietud. “Esto es una situación de alto riesgo para la municipalidad porque indudablemente los colegios profesionales se le van a oponer y le van a hacer juicio. Da la sensación de que es inadecuado, pero además va a traer consecuencias grandes”, insistió.
La medida, como otras que forman parte del presupuesto y las ordenanzas fiscal e impositiva 2018, no fue anunciada por el gobierno de Arroyo, sino que salió a la luz luego de la presentación de los proyectos en el Concejo.
Algo similar ocurrió con la intención de quitarles exenciones fiscales a las salas de cines y teatros, que fue adelantada por LA CAPITAL cuando el municipio no había dicho ni una palabra sobre el tema.